Luis Arce: Lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes
INCUMPLIDA: Hasta la fecha de la evaluación no se avanzó en la propuesta; más bien los resultados muestran retroceso.
Por Gabriela Moreno
El programa de gobierno presentado en 2020 por el presidente saliente Luis Arce, se propuso “dar prioridad nacional a la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”. ChequeaBolivia verificó que, tras casi cinco años de gestión, la promesa no fue cumplida.
INCUMPLIDA: La violencia feminicida y las denuncias por delitos contemplados en la Ley 348 siguen en niveles alarmantes. Pese a los compromisos asumidos en 2020, el Gobierno no logró consolidar políticas efectivas de prevención, atención ni protección para las víctimas.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta el 10 de octubre de 2025, en Bolivia se registraron 62 feminicidios, una cifra que, aunque menor a los 84 casos reportados en 2024, continúa reflejando niveles de violencia extrema contra las mujeres.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), Mirko Sokol, calificó los datos como “alarmantes” y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención:“Diariamente se reportan alrededor de 70 casos de violencia contra mujeres y menores en todo el país. Este nivel de agresión nos obliga a trabajar en estrategias integrales para evitar que los conflictos deriven en hechos de violencia extrema”, señaló Sokol.
La Fiscalía informó que el 96 por ciento de los casos de feminicidio cuenta con agresores identificados, la mayoría con detención preventiva o procesos en curso. Sin embargo, el hecho de que las cifras se mantengan elevadas evidencia que las políticas implementadas no han logrado reducir la violencia letal.
Los departamentos con más casos son La Paz (23), Santa Cruz (15) y Cochabamba (9). En tanto, Pando y Beni no reportan feminicidios en lo que va del año.
El informe de la Fiscalía detalla que el 45 por ciento de los feminicidios fue por asfixia y el 25 por ciento por golpes o traumas, con un patrón reiterado: la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes entre 21 y 40 años, y los agresores suelen ser convivientes o parejas (51 por ciento de los casos).
Durante 2024, la Fiscalía General del Estado registró 50.325 casos de violencia de género en todo el país, según un reporte difundido por la agencia EFE el 3 de enero de 2025.
De ese total, 37.601 fueron denuncias de violencia familiar o doméstica, seguidas por 3.737 casos de abuso sexual, 3.140 de violación, 2.696 de violación de infantes, niños o adolescentes, y 1.864 de estupro. Las regiones con más denuncias fueron Santa Cruz (17.388), La Paz (12.395) y Cochabamba (7.823).
El fiscal general Roger Mariaca destacó que los delitos más recurrentes siguen siendo los contemplados en la Ley 348, pero reconoció que su aplicación enfrenta serias limitaciones por falta de presupuesto y personal especializado.
Incluso, durante 2024 se intentó reformar la Ley 348 desde sectores del oficialismo bajo el argumento de que sería una norma “antihombres” según declaraciones de Andrónico Rodríguez, el entonces presidente del Senado, lo que provocó rechazo de organizaciones feministas y de la sociedad civil.
En 2025, las cifras de violencia continúan altas. Solo en el primer semestre, la Fiscalía General del Estado reportó 27.266 casos de violencia familiar o doméstica y 267 de acoso sexual, lo que evidencia que los mecanismos de prevención siguen siendo ineficaces y la violencia estructural persiste.
El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) registró entre enero y junio de 2025 15.871 denuncias de violencia familiar, el delito con mayor incidencia en el país.
De esas denuncias, 11.918 corresponden a violencia física, con un incremento del 3,76 por ciento respecto a 2024.
Asimismo, el Ministerio Público informó que, hasta el 15 de octubre de 2025, se habían abierto 36.509 casos vinculados a la Ley 348, lo que refleja que la violencia contra las mujeres y niñas continúa siendo una problemática estructural.
Los infanticidios también persisten: se registraron 24 casos hasta octubre de este año, según la Fiscalía General del Estado.
Desde 2020, el Gobierno de Arce promulgó dos decretos para fortalecer la Ley 348 de 2013, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia:
- El Decreto Supremo 4399 (noviembre de 2020) dispuso recursos para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la mejora de los mecanismos de atención a víctimas.
- El Decreto Supremo 4493 (abril de 2021) creó la Comisión Especial Mixta para investigar la retardación en casos de feminicidio.
Sin embargo, no se presentaron informes públicos sobre los resultados de dicha comisión, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y seguimiento. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la implementación sigue siendo deficiente, principalmente por la escasez de presupuesto y personal especializado en las unidades de atención.
En octubre de 2025, el Senado aprobó la “Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio y otros Delitos contra la Vida”, que prevé apoyo económico, psicológico y educativo para los niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.
Aunque se trata de un avance normativo importante, aún no ha sido promulgada ni aplicada, por lo que su impacto es nulo hasta el momento.
Las cifras de feminicidios e infanticidios continúan altas, las denuncias de violencia física aumentaron, y la aplicación de la Ley 348 enfrenta falencias estructurales. Además, los avances institucionales siguen limitados a medidas normativas sin ejecución efectiva.
Fuentes:
Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD)
