¿Qué son los bonos de carbono y cuál es su relación con el intento de Kailasa de alquilar territorios indígenas en Bolivia?
- Kailasa y otras fundaciones buscan alquilar territorios indígenas con bosque en Bolivia para poder vender bonos de carbono en el mercado internacional
- Los bonos pueden ser comprados por países desarrollados o empresas para compensar los gases de invernadero que emiten a la atmósfera
- Una acción de inconstitucionalidad y un Decreto Supremo abrieron el mercado de bonos de carbono en Bolivia sin normativa específica que los regule
Por Álvaro Montoya
El 16 de marzo, el diario El Deber reveló que un estado ficticio denominado “Estados Unidos de Kailasa” buscaba “alquilar” permanentemente miles de hectáreas de tierras indígenas en Bolivia de forma irregular. El hecho suscitó el rechazo de la población y posteriormente la expulsión de los miembros de Kailasa por parte de la Dirección General de Migración. ¿Qué son los bonos de carbono?, ¿Desde cuándo está permitido emitir bonos de carbono en Bolivia?, ¿Cómo atrae esto a “piratas de carbono”? ChequeaBolivia responde estas preguntas en su sector #LoQueSabemos.
¿Qué son los bonos de carbono?
Son “comprobantes” de que se ha absorbido, una tonelada de dióxido de carbono (CO2) u otros gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera.
El concepto de bonos de carbono fue introducido en 1997, como resultado de la celebración del Protocolo de Kioto. La idea de los bonos es que los mayores emisores de CO2 , es decir los países desarrollados y las grandes empresas, se hagan responsables de la contaminación que emiten, aunque sea de forma monetaria y simbólica.
Es decir, una empresa o país podrá pagar para comprar bonos de carbono y compensar el daño que está haciendo al medio ambiente. Y el dinero de esos bonos será utilizado en otros lugares para poder llevar a cabo acciones que compensen la contaminación emitida.
Algunas de las acciones compensatorias pueden ser plantar árboles, desarrollar proyectos de tratamiento de residuos o simplemente conservar bosques ya existentes y que capturan grandes cantidades de CO2.
¿Desde cuándo está permitido emitir bonos de carbono en Bolivia?
El 19 de junio de 2024 el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió la sentencia N° 0040/2024, que declaraba inconstitucional el artículo 32.5 de la Ley N° 300 de la Madre Tierra, por considerar que iba en contra de los tratados y acuerdos internacionales que firmó el país en favor de reducir los gases de efecto invernadero.
Este artículo prohibía la mercantilización de la tierra, y por lo tanto la emisión de bonos de carbono que después serían comercializados.
Por lo que, eliminada esta prohibición, el 1 de enero de este año en el artículo 18 de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) permitió el ingreso de Bolivia al mercado de los bonos de carbono.
¿Cómo atrae esto a “piratas de carbono”?
Pese a que ahora es posible emitir bonos de carbono en suelo boliviano aún no existe normativa específica sobre cómo se comercializarán estos y quiénes pueden hacerlo. Permitiendo que ingresen al país, denominados “piratas de carbono”.
Estos grupos mediante engaños, se hacen intermediarios de pueblos indígenas que conservan sus bosques, para poder emitir bonos por el carbono que capturan sus territorios, y posteriormente venderlos.
El 16 de marzo de este año, El Deber denunció los intentos de los representantes de los Estados Unidos de Kailasa de hacerse con casi 480 mil hectáreas de los pueblos indígenas cayubaba, esse ejja y baure, mediante contratos de alquiler de tierras por 1000 años, comprometiendo los recursos arriba, y debajo del suelo además del espacio aéreo de estas zonas.
Unos días después, el 24 de marzo, autoridades del Territorio Indígena Multiétnico II denunciaron que la Fundación Federico Hecker buscaba controlar el 88 por ciento de su territorio bajo una concesión por 30 años. De la misma forma, para generar bonos de carbono y comercializarlos.
Ambos intentos no se hicieron de forma informada, ni con el consenso de todos los miembros de las comunidades. Además de ocultar las verdaderas intenciones de la conservación ambiental que impulsaban dichas instituciones.
Fuentes:
Sentencia Constitucional N° 0040/2024
Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2025
