Prohibido informar sobre narcotráfico y política en la “Bolivia Chica”

Por ChequeaBolivia y Guardiana (Bolivia)

Ataques y amedrentamientos, amenazas directas o veladas y recelo por lo que podría pasar forman parte de la vida cotidiana de quienes son periodistas en Yapacaní, “zona roja” del narcotráfico. En ese municipio cruceño, quienes son periodistas no investigan sobre política ni narcotráfico. Se limitan a retransmitir lo informado por fuentes oficiales. Allá, hay mucho temor.

“El narcotráfico es un tema que definitivamente procuramos no sacar, porque estamos totalmente desprotegidos”, explicó un periodista que participó en el estudio “El impacto de la desinformación y el desafío del periodismo en regiones clave del Occidente-Oriente en Bolivia”, concluido este año por ChequeaBolivia.  El documento revela que en esa región “es altamente riesgoso realizar periodismo de investigación de algunos fenómenos, incluso realizar cobertura de eventos”.

“No nos metemos. Jamás hemos hecho periodismo de investigación en esa área y no lo vamos a hacer, porque alguno de nuestros periodistas va a terminar con un plomazo en la cabeza”.

Testimonio recogido en el estudio “El impacto de la desinformación y el desafío del periodismo en regiones clave del Occidente-Oriente en Bolivia”.

La importancia de los resultados de este estudio llevó a Chequea Bolivia y Guardiana a tomar la decisión de ampliar resultados del mismo. Por eso, un equipo viajó nuevamente hasta Yapacaní para hablar con más periodistas del lugar, entre otras personas.

Yapacaní es un municipio que se ubica al noroeste del departamento de Santa Cruz, a dos horas y 20 minutos de la capital cruceña. Limita con el Trópico de Cochabamba y en 2014 fue considerado por el exministro Carlos Romero como “zona roja del narcotráfico”.

“Desde el punto de vista geográfico, ese municipio es neurálgico por las conexiones que tiene hacia el Chapare, Santa Cruz y el norte amazónico”, puntualizó Jorge Santistevan, analista en temas de seguridad.

 

Temor a investigar

Yapacaní se encuentra en la provincia Ichilo. En esta última hay unos 25 periodistas de radio, televisión y plataformas digitales, de los cuales sólo unos 10 están activos y cubren noticias, y de cuando en cuando el país se entera de hechos delincuenciales vinculados con el narcotráfico que allá ocurren, pero curiosamente sólo se registran los hechos informados por fuentes oficiales, pero luego no se los investiga. 

Una periodista, que pidió guardar su nombre en reserva por miedo a las represalias como otros de sus colegas y a la que llamaremos A, contó: 

“Los temas que no se pueden tocar mucho son los de política y narcotráfico. Son temas muy delicados que no se pueden tocar o en los que no se puede indagar un poco más, porque vivimos en un municipio chico y todos nos conocemos. Siempre pueden usar otras medidas si es que uno indaga mucho”.

Periodista A que pidió no revelar su identidad

Este temor ha llevado a quienes son periodistas a convertirse en una especie de transmisores de las versiones oficiales cuando de política o narcotráfico se trata. Ellas y ellos no miran qué hay más allá de dichas declaraciones que las retransmiten. La otra manera es difundir la noticia de manera conjunta, para que “uno solo no se exponga al fuego”.

“Yo no me meto a investigar, porque vivo aquí, la gente me conoce. Sólo tomo fuentes oficiales, incluso así a veces dudo”.

Periodista B que corroboró la versión de la periodista A

Las amenazas son “una forma de meternos miedo, pero no lo han logrado”, aseguró el periodista Marcelino Rodríguez, quien sin embargo reconoció que, “antes de cubrir un hecho”, siempre lo “analiza, sobre todo si es de narcotráfico, para evitar cualquier represalia”.

En la cobertura política, otros comunicadores reciben amenazas indirectas, “más que todo” de la dirigencia “de los interculturales que vinieron del Chapare”, aseguró la periodista C. 

 

Cuando censura y autocensura se “naturalizan”

No cubrir temas delicados en asuntos de drogas ya es de “conocimiento convencional” en Yapacaní, indicó la periodista B. “Se podría decir que está naturalizado”.

“Los casos de narcotráfico no los tocamos, porque no sabemos lo que va a pasar. Hay cosas que se saben, que se conocen, pero es mejor no tocarlas”, confesó Ramiro Sandóval, responsable del equipo de noticias de Radio Televisión Ichilo (RTI).

¿Pero cómo se sabe qué información no debe sacarse a la luz? A través de “amenazas” que les llegan a los periodistas locales por medio de terceras personas y de lo que pasa “todo el tiempo” en la región, apuntó la periodista B.

Lecciones del pasado que ahondan la autocensura

En 2022, por ejemplo, a un equipo de Unitel que llegó hasta Yapacaní para investigar un caso de microtráfico de droga en Sacaba, cuya producción y distribución involucraba a menores de edad desaparecidos en Yapacaní, se le advirtió que se vaya de esa población “si no quieren que les pase algo”.

Otro caso… El 3 mayo de 2023, la Fiscalía citó al periodista Marcelino Rodríguez para que brinde su declaración en calidad de testigo, debido a que el comunicador recibió de un presunto ganadero una denuncia sobre un robo de vehículo cometido por supuestos policías armados. El Comando departamental identificó el hecho como un operativo de la FELCN, en tanto que en el ámbito periodístico se habló de un “volteo”.

“Me trataron de involucrar –contó Rodríguez– en un hecho de narcotráfico. Desde la Fiscalía salió una orden para que declare el nombre, número de teléfono, ubicación y número de cédula de identidad” del denunciante, lo que viola el secreto de fuente protegido por la Ley de Imprenta. Ante el respaldo del gremio al periodista y de la misma población, “esa orden de citación fracasó”.

Ante estos hechos de amedrentamiento, quienes son periodistas optan por dejar a un lado la investigación periodística y así no hay quién denuncie los hechos de corrupción, pugnas, violencia y complicidad que promueve el narcotráfico en la región. La única información medida y controlada que se difunde sobre estos temas sensibles proviene de fuentes oficiales.

Cobertura periodística de la política

Ramiro Sandóval destacó el papel de los medios de comunicación en las luchas y reivindicaciones de la población de Yapacaní, a través de la difusión de anuncios de concentraciones y marchas para la obtención de obras, carreteras y otros, un rol que es reconocido por todos los sectores. 

 

No ocurre lo mismo con el derecho a la libertad de prensa, que implica la libertad de expresión y de difusión de información. En la cobertura política, muchas veces se trata de quebrar el equilibrio informativo en temas considerados contrarios al partido en función de gobierno. 

El estudio de Chequea Bolivia sostiene que en ciertas partes de Bolivia el discurso de la democracia, libertad de expresión y circulación queda en eso, solamente en discurso. 

“Ingresar a las zonas como Yapacaní y Villa Tunari para alguna actividad externa no es fácil, ya que los denominados movimientos sociales y sus organizaciones, en un esfuerzo por ejercer el control social y porque se respeten sus estructuras orgánicas, limitan las libertades no sólo de quienes intentan hacer investigación, aunque con fines académicos, sino también de quienes desean ejercer el derecho a la libre expresión e incluso a la libre circulación”.

Estudio de Chequea Bolivia “El impacto de la desinformación y el desafío del periodismo en regiones clave del Occidente-Oriente en Bolivia”

Sandóval recordó que antes los medios independientes de Yapacaní eran criticados por no apoyar a la dirigencia del MAS y por abrir sus micrófonos a todas las opiniones. Estos cuestionamientos, empero, “no pasaban de palabras”, situación que cambió en 2019. 

Tras conocer la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de ese año, una turba saqueó las instalaciones de RTI y quemó todo el equipo y mobiliario, “por difundir noticias de protestas” contra el gobierno de Morales. 

El mismo grupo o similares golpearon a un grupo de personas que festejaba la dimisión en la plaza principal, destruyeron el puesto policial asentado en esa ciudad, prendieron fuego a la casa de campaña de Comunidad Ciudadana y atacaron la casa del subgobernador de la provincia, del partido Demócratas.

 

“Los masistas llegaron al punto de saquear e incendiar la casa del subgobernador y no se hizo nada, y él es autoridad. Si a él le pasa eso, ¿qué nos espera a nosotros?”, cuestionó la universitaria Maritza (nombre cambiado por solicitud de la fuente).

“Hacer periodismo en esas condiciones es muy difícil”, lamentó Sandóval. 

Después de esos sucesos, “vino una autocensura” y también porque ocurrieron otros actos de intolerancia en Yapacaní, como la quema de cuatro antenas de telecomunicaciones y bloqueos radicales. A ello se sumó la golpiza que recibieron periodistas de Unitel que arribaron a la localidad de Entre Ríos en junio de 2020 para cubrir el corte de rutas.

 

 

“El retorno a la cobertura de noticias –explicó Sandóval– se hizo ‘con cuidado’, sin meternos en esto o aquello. Y nuestros periodistas se han ido acomodando a eso. A veces, tratamos de entrar a temas que son un poco más difíciles y en los que debería aportar el periodismo, pero siempre hay ese ‘cuidado’, porque no se sabe qué pueda pasar. Esa es la situación en la que se trabaja hasta ahora”.

“Aquí en Yapacaní, tenemos que limitar la información que no sea conveniente”, principalmente en la actividad “política”, advirtió la periodista C.

“Si no lo dice la fuente oficial, mejor no lo tocamos; sólo reproducimos lo que dicen las fuentes oficiales”, aseguró el coordinador de RTI.

 

Marcelino Rodríguez también contó que durante su trabajo periodístico ha soportado “varios tipos de atropellos”, desde agresiones físicas de parte de “militantes del MAS” durante la crisis política de 2019, “sólo por hacer cobertura”, hasta “reacciones inapropiadas” y agresiones verbales de funcionarios ediles, cuyos jefes no hicieron nada al respecto. En el siguiente video se podrá ver y escuchar al periodista Rodríguez.

El politólogo Paul Antonio Coca subrayó que la población tiene el derecho de estar informada de manera adecuada. “No hay una sola verdad, bajo ningún argumento. Siempre va a haber dos verdades y la prensa las muestra a la ciudadanía. En un país políticamente dividido como Bolivia, la ciudadanía tiene el derecho a que sí o sí se le muestren las dos caras de la moneda, para decidir con cuál se va a quedar. Eso es algo muy sano en un país absolutamente democrático”.

“Si solamente se muestra la línea oficialista, es un adoctrinamiento, que es lo que sucede en los países donde no hay democracia ni libertad”, advirtió el politólogo.

“Vivimos con temor”, remarcó la periodista C, quien espera que dar la voz a la contraparte ya no sea considerado un agravio. Ella incluso está pendiente de la información “contra ellos (el MAS)” originada en otros medios, ya que en las calles se puede atribuir esa información a toda la prensa local, con las consecuencias ya conocidas. “Por uno pagan todos”, subrayó.

Rodríguez reveló que recibió amenazas por temas políticos desde teléfonos con números restringidos y admitió que es un riesgo que “los radicales” de uno u otro bando del partido oficialista “se sientan ofendidos” por alguna pregunta o publicación periodística.

Vulnerabilidad

Sandóval dijo que una realidad en Yapacaní y en Santa Cruz en general es que los periodistas no tienen protección. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió el 28 de octubre de 2021 en Las Londras, cuando seis periodistas y otras 11 personas (entre ellos policías) fueron golpeadas y tomadas como rehenes por encapuchados armados. 

“El caso de Las Londras quedó en nada. Entonces, a lo más que puede aspirar un periodista es que su federación, su organización, alguien por ahí emita un comunicado, un repudio; después, no se puede hacer más (…). ¿A quién se puede acudir?, ¿a un juez?, ¿a un fiscal? ¿Usted como periodista abriría en Bolivia un caso contra el Gobierno? Ese caso ya está perdido”.

Ramiro Sandóval, responsable del equipo de noticias de RTI

Las denuncias presentadas por periodistas que sienten que su integridad física está en riesgo “no avanzan”, lamentó la periodista C.

“Todas las instituciones que deberían ser imparciales, que deberían estar del lado del pueblo, ahora son parte del poder, son instrumentos políticos. Los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones, las juntas vecinales, generalmente todas están politizadas”, añadió Sandóval.

Consultado sobre la postura de periodistas que aseguran que no cuentan con el respaldo necesario para realizar su trabajo y de pobladores que indican que las denuncias no llegan a lugar alguno, Pedro Gómez, jefe de gabinete del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní, respondió: “Esos son casos particulares. La autoridad competente tiene que dar su criterio respecto a eso”.

 

El equipo de Guardiana y Chequea Bolivia se comunicó por teléfono con Romario Apato, representante de la Asamblea de Derechos Humanos en esa ciudad, para conocer la posición de la institución sobre estos hechos. Apato se comprometió en principio a atender, pero luego no contestó más su celular. 

Algo similar le ocurrió al equipo que viajó al Trópico de Cochabamba. En Villa Tunari, el personal de la Defensoría del Pueblo no quiso brindar información.  

Sandóval indicó que, al no contar con la protección del Estado para hacer su trabajo, el trabajador de los medios de información se siente indefenso. “Esa es una de las razones por la que ahora el periodismo es tan superficial. Uno va, cuenta el hecho y punto. Se ha dejado de investigar. Eso es lo que la sociedad está perdiendo”.

El politólogo Coca recalcó que es el Estado el que debe dar a la prensa la libertad y garantías para poder desarrollar su trabajo. Sin embargo, apuntó que la libertad de prensa está restringida en las denominadas zonas rojas de Bolivia, como son los casos del Trópico de Cochabamba y Yapacaní. “No es bueno ni para la propia población ni para la democracia el que haya en el país feudos que tienen sus propias reglas, inclusive por encima de la propia Constitución”.

Trincheras del Movimiento al Socialismo

“Yapacaní como San Julián y otros lugares son bastiones del MAS”, en los que el partido en función de gobierno “sacó un mayor porcentaje de votos a lo largo de estas últimas dos décadas”, recordó Héctor Franz Mena, quien formó parte de la segunda ola colonizadora en esas tierras.

La población proviene de diferentes departamentos, pero “la mayoría está con el actual gobierno desde hace años”, indicó Freddy Mercado, presidente del barrio Jardín del Amboró. 

Según datos del Órgano Electoral Plurinacional, el Movimiento al Socialismo ganó la Alcaldía del municipio de manera contundente en 2010, 2015 y 2021. Actualmente, Yapacaní es dirigido por Juan Carlos Valles, quien antes de ocupar ese cargo fue secretario del MAS-IPSP (2016-2018) y ejecutivo de la Federación de Interculturales de Yapacaní (2018-2021).

 

“Hay obras que se están construyendo –explicó Mena– hay inversiones. A veces, es bueno siempre ser parte del Gobierno, así sea de oposición (dentro del mismo partido)”.

Mercado ponderó que con el trabajo coordinado de la Alcaldía, las subalcaldías y los distritos, “se logran muchos proyectos”, como la mejora de calles, nuevas aulas para los colegios, alumbrado público y consultorios vecinales de salud. El municipio es el único de la región adscrito al Seguro Universal de Salud (SUS), lo que es otro incentivo para que pobladores de otras zonas decidan quedarse a vivir.

El periodista Sandóval contó que los migrantes, principalmente provenientes del Chapare, llegaron a Yapacaní también con sus formas de organización. “Si su estructura organizativa, sea sindicato o federación, dice una cosa, todos cumplen. Al que no cumpla, lo botan, lo amenazan o toman otro tipo de represalias. Y eso también se expresa en otros ámbitos de la sociedad”.

Un enclave estratégico

Yapacaní es un lugar estratégico. Su centro urbano está partido en dos por la ruta nacional 4, la cual pasa también por los municipios cochabambinos de Sacaba, Colomi, Villa Tunari, Chimoré, Ivirgarzama, Entre Ríos y Bulo Bulo; y por las jurisdicciones cruceñas de Buena Vista, Montero, Warnes y Santa Cruz de la Sierra, hasta llegar a Puerto Busch, en la frontera con Brasil.

 

Abrazado por un clima tropical y los ríos Yapacaní e Ichilo, el municipio posee tierras con gran potencial. El municipio se ubicó en el mapa productivo del país por sus cultivos de arroz y yuca, a los que gradualmente se sumaron el petróleo, la ganadería, la soya, cítricos, plátanos, leche, aves de corral y peces, entre otros. Los ingresos generados por estas actividades, sin embargo, “no son suficientes para explicar el movimiento económico que hay en el municipio”.

 

“Yapacaní es una de las zonas importantes de operación del narcotráfico”, aclaró el analista en temas de seguridad Santistevan. “Ante la falta de un control oportuno y de una lucha frontal contra el narcotráfico, el Gobierno permitió que esas poblaciones sean dominadas por organizaciones criminales y que éstas crezcan dada la impunidad que se les da para sus actos delictivos”, explicó el coronel del Ejército en servicio pasivo. 

Dada su importancia geográfica y potencial productivo, la ocupación del territorio sobre el cual se extiende hoy la llamada “Bolivia chica” siempre fue estratégica para los gobiernos de turno, los cuales realizaron dos intentos de colonización de esa región, en 1937 y en 1961.

La cantidad de personas que vivía en Yapacaní fue aumentando hasta que el 13 de marzo de 1990 se pudo crear el municipio mediante la Ley 1144. Hoy, este lugar está habitado por indígenas y campesinos, así como por migrantes provenientes de diversas regiones del país.

En 2012, contaba con 52.616 habitantes, una cantidad que en 2022 llegó a 60.784 (15,5% más), según proyecciones del INE, y a 68.945 (31% más), si se toma como referencia la estimación del Instituto Cruceño de Estadística. Las autoridades locales calcularon que el Censo de este año confirmará que el número de residentes ya es mayor a 80.000, volumen demográfico que se aproxima al que tenían en 2022 ciudades intermedias como Viacha (La Paz), Villa Tunari (Cochabamba) y Cotoca (Santa Cruz).

 

El comercio dinámico y diverso, y la presencia en la ciudad de al menos ocho de los 15 bancos con autorización para operar en el país, además de dos instituciones financieras de desarrollo (IFD) y una remesadora internacional, muestran la importancia del movimiento económico en Yapacaní.

Mena, quien hoy forma parte del control social del municipio, hizo notar que el dinamismo económico en todos los sectores generó inversiones en bienes raíces, en especial en el área urbana, lo que en su momento llegó a subir el precio de terrenos e inmuebles.

Todo el flujo de recursos en Yapacaní no puede ocultar una actividad ilegal que ha marcado a la población: el narcotráfico. “Ese movimiento económico, así sea del 1 o 2% de la gente que trae o vende coca, droga, qué se yo, ha generado crecimiento”, reconoció Mena, quien también fungió como exdirector municipal de Seguridad Ciudadana.

 

¿Las huellas del narcotráfico?

Freddy Mercado cree que el narcotráfico es algo que “se puede evidenciar” desde Yapacaní hasta Bulo Bulo. “Se ha visto esa actividad y parece que gracias a eso ha crecido nuestra ciudad”. Sin embargo, Mercado también explicó en el siguiente video que la migración y la producción de muchos productos, entre otros factores, deben ser tomados en cuenta cuando se habla del crecimiento de ese lugar.

Santistevan aseguró que “hay un enorme lavado de dinero” en esa ciudad y que “desde ese lugar también sale el dinero que se lava en otros puntos del territorio nacional, principalmente en Santa Cruz”.

Un asesor de crédito que trabajó en 2011 en ese municipio relató que una manera de lavar dinero es sacar un crédito de un banco, por ejemplo de 8.000 dólares, con el justificativo de que el dinero servirá para comprar un predio de una hectárea. Sin embargo, en los hechos, el terreno es de cinco hectáreas y tiene un valor de más de 40.000 dólares. “Sacaban el préstamo y aparecían con más tierras y hasta con ganado”, contó. Así, los nuevos propietarios respaldaban la procedencia total de sus bienes con el crédito obtenido; aunque el valor de esos bienes superaba por mucho el monto prestado.

Consultado sobre la influencia de lo ilegal en la economía de esa ciudad, Gómez aseguró que esa afirmación es “un mal comentario que no tiene lugar”, que es “información infundada” y atribuyó el desarrollo local a la actividad productiva.

“La cruda realidad es que existe mucho tráfico de sustancias controladas. En Yapacaní está creciendo este negocio y de ahí están saliendo los nuevos ricos”, apuntó Aníbal Rivas, excoronel de la Policía y excomandante de Frontera Policial.

Y en este movimiento económico tiene mucho que ver la hoja de coca, insumo básico para la fabricación de cocaína.

Desborde de la materia prima

Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) sostiene que el ejemplo más dramático y extendido de las economías ilícitas en Bolivia –por sus consecuencias sociales– es el narcotráfico, que tiene a la coca como materia prima.

 

La institución sostiene que este delito –una de las mayores fuentes de ingreso para el crimen organizado– ha crecido en el país a la sombra de políticas que alientan la producción cocalera y debilitan el control efectivo. 

Bajo estos lineamientos, el Gobierno aprobó en 2017 el incremento de zonas autorizadas de producción de esa hoja de 12.000 a 22.000 hectáreas (ha), de las que 1.300 ha están en los Yungas de La Paz y 7.700 ha en el Chapare de Cochabamba (casi toda la producción cocalera de esa región).

Santistevan señaló que la expansión de cocales y mayor influencia del narcotráfico fuera del Chapare se consolidó con esa determinación.  “Evo Morales autorizó el incremento de cocales bajo presión de los cocaleros, que a medida que iban creciendo en número tenían más necesidades de cultivos por la enorme demanda que había de esta hoja en el exterior. Entonces, cultivos que no deberían sobrepasar primero las 12.000 hectáreas y luego las 22.000 hectáreas, están hoy por las 39.000 hectáreas”.

“Y eso es sólo lo que contabiliza la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)”, subrayó el analista, en referencia a que el área de monitoreo de esa institución abarcó en 2022 un total de 15.280 kilómetros cuadrados, el 1,3% del territorio nacional.

Hoy, la extensión total cultivada de coca oficialmente reconocida en el país es de 29.900 ha (a 2022), lo que muestra que esos cultivos avanzaron hacia zonas no tradicionales y áreas protegidas. Es el caso de Yapacaní, que se sitúa al medio de la reserva forestal de El Choré y del Parque Nacional Amboró, donde la UNODC reportó un aumento del 26% en los cocales en 2022.

 

“El territorio del Chapare –apuntó Santistevan– ya no es suficiente para la enorme cantidad de coca plantada. Entonces, el crecimiento de la población (cocalera) del Chapare y sobre todo del narcotráfico han proyectado los cocales hacía otros departamentos como Beni y Santa Cruz”.

Los monitoreos de la UNODC comenzaron a cuantificar los cultivos de coca en Yapacaní en 2010, cuando se computaron 45 hectáreas (ha) y una erradicación de 377 hectáreas. En 2022, la cuantificación fue de 180 hectáreas y una erradicación/racionalización de 1.793 hectáreas, la segunda más alta del país, luego de la de Villa Tunari, en la que se reportaron 2.670 hectáreas excedentarias.

Los analistas consideran que la superficie plantada con materia prima para la cocaína es mucho mayor, por el “fracaso” de la racionalización y erradicación de hectáreas excedentarias en zonas legales.

El Gobierno reportó 10.260 hectáreas erradicadas/racionalizadas en 2022, un volumen anual que en tiempos de la DEA no superó las 8.000 hectáreas. Además, la UNODC aclara que, “de la superficie total de racionalización/erradicación reportada” por el Estado boliviano, “validó un 11,8%”.

“Son datos falsos los que lanzan tanto en la erradicación como en los cultivos reales”, aclaró Santistevan. “Hay clanes familiares –observó Santistevan– que se enriquecieron con el narcotráfico y a costa del silencio de los pobladores que trabajan honradamente para vivir. Es lo que está pasando y lo que ha pasado al principio en el Trópico de Cochabamba, que ha sido absorbido por las organizaciones criminales dedicadas a narcotráfico”.

Hechos de violencia

Cerca de la una de la madrugada del 15 de agosto de 2020, dos encapuchados irrumpieron en El Casino, un karaoke ubicado en la avenida principal del centro urbano de Yapacaní, y acribillaron a un grupo de personas. El resultado, dos muertos y cinco heridos. Las investigaciones preliminares indicaron que el hecho tuvo relación con una pugna de poder entre bandas de narcos.

 

“Grupos armados se presentan en Yapacaní, amedrentando a las personas y causando pavor a la ciudadanía”, dijo a Unitel el entonces comandante policial en la provincia Ichilo, Franklin Villazón. 

Como este hecho, la prensa ha reportado en los últimos años otros relacionados con el tráfico de drogas. No todos se han llegado a conocer. 

Rivas sostuvo que los casos de narcotráfico y delitos conexos, como secuestros y asesinatos, “se manejan de manera oculta”, aunque calcula que su número en 10 o 15 años creció hasta en 2.000%”. 

El Dossier de Estadísticas en Seguridad Ciudadana detalla que entre 2017 y 2022 se incrementaron en Yapacaní de 5 a 11 las denuncias de delitos contra la vida (homicidio, asesinato y otros), de 0 a 9 las denuncias de delitos contra la libertad sexual (violación, corrupción de menores y otros), de 4 a 9 las denuncias de delitos relacionados con armas de fuego y de 92 a 105 las denuncias de delitos contra la propiedad (hurto, robo, extorsión, secuestro y otros). Las denuncias de delitos contra la libertad (amenazas, coacción, vejaciones, torturas y otros) se redujeron de 10 a 7 en ese período.

Respecto a los casos de sustancias controladas, se solicitó a la dirección de la FELCN en Santa Cruz los resultados sobre sus operativos en Yapacaní, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. 

 

“Los famosos megaoperativos descubren toneladas de droga, pero nunca agarran a nadie”, hizo notar Aníbal Rivas, excoronel de la Policía y excomandante de Frontera Policial.

Así como fracasa la erradicación, fracasa también la interdicción al narcotráfico, por cuanto se intervienen 10, 20, hasta 30 fábricas y megafábricas en las que no encuentran a nadie, máximo precursores, coincidió Santistevan. 

El estudio del Cedla sostiene que en 2021 hubo en Bolivia sólo ocho privados de libertad por la fabricación de sustancias controladas, 242 por el transporte de esas sustancias, 484 por el suministro de esas sustancias y 1.219 por el tráfico de coca y gasolina, lo que muestra que el enfoque de los operativos no está en los peces gordos del narcotráfico.

Otra actividad a tomar en cuenta en Yapacaní son las ferias de autos indocumentados, vehículos que de acuerdo con Rivas son cambiados por droga. 

El 4 de mayo de 2022, el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Valles, reconoció que un 20% de los autos que circulan en Yapacaní son indocumentados. Y algunas de esas unidades son robadas en otros países, de acuerdo con reportes de medios.

 

Lo mismo pasa con algunas motos que circulan por las calles de esa ciudad, que son robadas en otros departamentos, para luego ser repintadas o rearmadas para venderlas al mejor postor. Este medio pudo constatar que la mayoría de las motocicletas que circulan en esa ciudad lo hace sin una matrícula de control.

“La Policía se ha convertido en un instrumento político del gobierno de turno”, el cual “está haciendo lo que más le conviene. Entonces, si a ellos les conviene que no haya operativos, pues la Policía nunca va a dar resultados positivos”.

Anibal Rivas, excoronel de la Policía y excomandante de Frontera Policial

“No existe una unidad especializada fuerte y robusta que pueda realizar operativos eficientes”. Además, “están la justicia precaria, un Ministerio Público corrompido y la falta de una política de gobierno para combatir frontalmente al narcotráfico. Todos esos son aspectos atractivos para que las organizaciones criminales vengan a trabajar a Bolivia, instalando bases de drogas para la comercialización a todo el mundo”, complementó Santistevan.

Tampoco hay suficientes efectivos en la región. El comando policial provincial se encuentra en Yapacaní, de ahí los policías se reparten en los cuatro municipios de Ichilo: Buena Vista, San Carlos, Yapacaní y San Juan de Yapacaní.

La Alcaldía aseguró que en toda la provincia hay 45 uniformados que trabajan en dos turnos, lo que quiere decir que efectivamente hay 22 a cargo de la seguridad regular. Sin embargo, algunos periodistas sostienen que el número total no pasa de los 25. Si fuese el caso, sólo existirían 12 policías por turno para los cuatro municipios.

Narcotráfico y Política

El 2 de noviembre de 2023, agentes antidroga interceptaron el vehículo del concejal Reynaldo Hurtado (MAS) y en el interior del coche encontraron 10 paquetes de cocaína. Un juez determinó 90 días de detención preventiva para el político en el penal de Montero, pero éste retornó a sus funciones en la Alcaldía luego de 60 días (el 2 de febrero de 2014).

Tras aparecer en el Concejo Municipal, el periodista Rodríguez interpeló a Hurtado sobre su retorno al hemiciclo antes de lo dispuesto por el juez, pero el investigado evitó dar una respuesta clara. Ante la insistencia de las preguntas, el presidente del Concejo –también del MAS–conminó al periodista a abandonar el salón.

“Me sacaron -contó Rodríguez- porque se vio afectado en sus intereses. El concejal (Hurtado) estaba con detención preventiva, pero regresó al Concejo como si no hubiera pasado nada”. Los cuestionamientos “molestaron al Presidente” del Concejo y, a veces, en un partido político “juega mucho el compañerismo”.

Hurtado volvió a la cárcel de Montero en febrero de 2024 y, ante la mayor cantidad de evidencias reunidas, enfrenta hoy un proceso por narcotráfico.

La expansión del tráfico de drogas -advirtió Rivas- “empezó en Ivirgarzama, Entre Ríos y Bulo Bulo; ahora pasó a Puerto Avaroa y ya se viene de a poquito más hacia la ciudad de Santa Cruz. Si no se corta, esto va a crecer y van a empezar los famosos secuestros exprés”.

Mena resaltó que “no todo es narcotráfico, no todo es coca. El 1 o 2% no se escapa (de ese delito), pero el resto de las familias vive y trabaja honradamente. Son hombres y mujeres que saben luchar”.

Para Santistevan, sin una intervención clara y contundente del Estado para enfrentar el crecimiento de este negocio ilícito, en Yapacaní puede pasar lo mismo que en Ecuador, donde las organizaciones criminales ligadas al tráfico de estupefacientes fueron creciendo, copando poblaciones alejadas e intermedias, y llegando a las grandes ciudades, donde dominan barrios populosos.

¿Y el periodismo en Yapacaní? “Lo que se necesita es libertad de expresión, no sólo para los periodistas, sino para todos, pero aquí no hay”, aseguró la periodista C, quien prevé que el actual contexto adverso al trabajo de la prensa “se va a mantener así”. Pese a ello, seguirá informado, “aunque sea limitadamente”.