¿Por qué un gobierno no puede hacer fact checking o verificar el debate público?

Por Juan José Domínguez*

El presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva inauguró su tercer gobierno en Brasil promoviendo una serie de medidas para regular los contenidos en redes sociales e, inclusive, creó una fiscalía destinada a combatir la desinformación. En la última semana, según informó la agencia de fact checking Lupa, su gestión lanzó el sitio web “Brasil Contra Fake”.

Este portal no explica la metodología adoptada para señalar las posibles desinformaciones e informa que se ceñirá a los “contenidos relacionados con el gobierno federal, sus representantes y sus políticas públicas”. Es decir, el objetivo no es desmentir todas las desinformaciones que circulen en el debate sino aquellas que afecten al gobierno federal.

Brasil no es el único caso en el mundo que cuenta con una iniciativa estatal de verificación de contenidos presentada oficialmente con propósitos nobles, pero que puede implicar riesgos para la democracia, como el cercenamiento de la libertad de expresión o la censura: ya funcionan agencias y otros dispositivos gubernamentales en distintos países de América Latina y otras regiones del mundo que se proponen regular y controlar contenidos en medios y redes sociales.

En esta nota repasamos algunos ejemplos y te contamos por qué, con la visión de expertos y el texto del Código de Principios de la Red Internacional de Verificadores o International Fact Checking Network (IFCN, por sus siglas en inglés), el Estado no es un actor imparcial para ejercer el fact checking o la verificación del discurso público.

Otros países de Lationamérica con iniciativas estatales de verificación 

Además de Brasil, con su portal oficial “contra las fake news” gestionado por la Secretaría de Comunicación Social (Secom) del gobierno de Da Silva, varios países de América Latina tienen iniciativas gubernamentales de verificación de contenidos.

En México, por ejemplo, funciona Infodemia, que es un portal del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado mexicano, el organismo público encargado de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Además, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó una unidad de verificación dentro de la agencia de noticias oficial del Estado, Notimex.

Pero quizás lo más controversial, como se indica en este artículo del medio de fact checking mexicano Verificado, es que López Obrador dedica desde 2021 un espacio de su principal plataforma de comunicación, la conferencia “La Mañanera”, para señalar supuestas falsedades de la prensa y acusarla de no respaldar su proyecto de Nación: se trata de una sección llamada “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”.

Hasta el momento, el Gobierno mexicano ha hecho caso omiso de la advertencia del relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien desde febrero de 2022 viene exhortando a las autoridades a suspender dicha sección por enviar mensajes confusos sobre la libertad de expresión.

En Perú, de acuerdo con el sitio Ojo Público, hay unidades formales de verificación de contenidos en organismos electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En Colombia, se produjo la campaña “#ColombiaEsMiVerdad”, del Ministerio de Defensa, que para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de ese país supuso una estrategia de ciberpatrullaje que “terminó instalándose como una política sostenida, desproporcionada y sin funciones claras de hipervigilancia, que conlleva a la identificación y criminalización de las tendencias en las redes sociales”, de acuerdo con este informe del medio de fact checking ColombiaCheck.

En Ecuador, funciona una cuenta oficial de Twitter del gobierno de dicho país “para combatir la desinformación”. Se llama “Segcomv” y se propone presentar “la versión oficial del gobierno sobre un tema específico, para contrarrestar la información y combatir la desinformación”.

En la Argentina, existe Confiar, una plataforma creada dentro de la agencia estatal de noticias Télam, destinada a combatir la desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19. Además, en 2020 se anunció la creación de Nodio, que fue presentado como un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales a cargo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este último organismo fue creado por ley en 2009 y depende del Congreso nacional.

La oposición no solamente se opuso y cuestionó en duros términos la iniciativa oficial (ver acá, acá y acá) sino que denunció en la Justicia a la defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, a quien se acusó de querer controlar los contenidos de medios de comunicación y redes sociales.

Finalmente, la funcionaria fue sobreseída por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Consultados por Chequeado, desde la Defensoría enviaron un listado de las tareas realizadas hasta el momento por el observatorio y destacaron que “durante las elecciones 2023” van a “realizar un seguimiento de cómo circulan y se replican ciertos discursos en contextos preelectorales”.

Qué pasa en otras partes del mundo

Por fuera de la región también existen iniciativas gubernamentales de verificación de contenidos. En Asia, a fines de 2019, gobiernos de distintos países crearon instrumentos oficiales para intentar controlar la desinformación. Y lo hicieron sin que el concepto básico de “desinformación” haya sido aún establecido, según concluyó el Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea.

En India, funciona la Oficina de Información de Prensa; en Singapur, Singapur Factually; en Tailandia, un Centro Anti-Fake News; en Malasia, el portal sebenarnya.my; y en Vietnam, otro Centro Anti-Fake News. En China, Indonesia y Taiwán, las autoridades estatales optan por trabajar junto con plataformas, organizaciones de medios y medios de verificación de hechos.

¿Qué diferencia al fact checking de las iniciativas estatales?

Desde que se creó en 2015, más de 300 medios de fact checking no gubernamentales del mundo -entre los cuales se encuentra Chequeado- pasan por una evaluación ante la Red Internacional de Chequeadores o International Fact Checking Network una vez al año, en la que un investigador doctorado de algún país del mundo (cuyo nombre no se conoce hasta después del examen, para mantener la independencia de análisis) analiza si la organización cumple o no con el Código de Principios de la red.

Este Código establece que, además de tener el método, el equipo y el financiamiento transparentados, la organización debe contar y cumplir con una política de corrección de contenidos y debe tratar con la misma vara a todos los actores, sean líderes públicos (oficialistas u opositores), sindicalistas, empresarios, periodistas o medios de comunicación.

Expertos coinciden en que este no es el caso de las iniciativas de verificación de contenido de los Estados porque carecen de un método contra lo que ellos mismos llaman desinformación (que podría ser algo tan simple como la crítica a una medida gubernamental por parte de un medio de comunicación o un dirigente opositor), o por lo menos no lo presentan de manera pública; no ofrecen una política de corrección; y tampoco garantizan que se trate con la misma vara a todos los actores, precisamente porque los gobiernos y sus funcionarios también son actores implicados del debate público.

Además, no hay garantía de que estas iniciativas oficiales no supongan -incluso detrás del bien intencionado propósito de combatir la desinformación- formas encubiertas de hostigamiento y persecución a opositores y de cercenar la libertad de expresión.

“La situación con las agencias de fact checking estatales es similar a la de las agencias de noticias estatales: algunas son mejores que otras, pero ninguna de ellas debe confundirse o presentarse como fuentes de información independientes y no partidistas”, señaló a este medio el investigador Lucas Graves, profesor asociado de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos).

Y agregó: “Incluso en los mejores casos, una agencia estatal integrada por expertos o funcionarios públicos tiene prioridades institucionales que le impiden actuar como un verificador de hechos verdaderamente independiente y comprometido con la precisión por encima de todo”. 

Por su parte, Clara Jiménez Cruz, CEO del sitio de fact checking español Maldita.es y presidenta de la European Fact Checking Standards Network (EFCSN), dijo a Chequeado que “no es novedad que haya gobiernos y partidos intentando suplantar a fact checkers para desmentir sólo las mentiras que les interesan” y que “en España, en 2019, ya lo intentó el Partido Socialista”.

“Esto de que el poder pretenda suplantar el trabajo periodístico no es que sea una mala idea, es que es un atentado contra la libertad de prensa contra el que hay que protestar y defenderse. El trabajo del fact checking al final del día es obligar a los poderosos, también a los políticos, a rendir cuentas con datos y hechos contrastados. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas de manera independiente? Por eso, que organismos como la EFCSN o la IFCN sometan a una revisión independiente a las organizaciones de verificación para asegurarse de que sean transparentes, apartidistas y metodológicas son tan importantes”, sostuvo Jiménez Cruz.

Nota: *Este artículo fue publicado por Chequeado, una iniciativa de verificación en Argentina, miembro de la red de verificadores Latam Chequea, al igual que ChequeaBolivia.