Luis Arce: Lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes

Por Gabriela Moreno

El programa de gobierno presentado el 2020 por el presidente del Estado, Luis Arce, propone que se dará prioridad nacional a la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”. ChequeaBolivia verificó que la propuesta está demorada tras cuatro años de gestión.

En proceso, demorada: “Declaramos enfáticamente como prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”

Los datos de la Fiscalía General del Estado muestran que, a octubre de 2024, se registraron 73 casos de feminicidios y 27 infanticidios en Bolivia. En comparación con la gestión 2023, cuando se reportaron 71 feminicidios y 27 infanticidios, lo que indica una alarmante tendencia de aumento, pues faltan aún dos meses para cerrar el año y los números ya están cerca de igualar los del año anterior.

Los departamentos con mayor cantidad de feminicidios son La Paz (19 casos), seguido de Cochabamba (16 casos) y Santa Cruz (14 casos). En cambio, el departamento de Pando no registra casos de feminicidio en 2024. El 94,11 por ciento de los feminicidios tiene responsables identificados, con la mayoría cumpliendo detención preventiva o sentencias condenatorias. En cuanto a los infanticidios, La Paz reporta la mayor cantidad de casos (15), seguido por Santa Cruz (8), con el 73,91 por ciento de los responsables ya identificados y detenidos.

Desde el año 2020, el Gobierno impulsó  dos decretos para fortalecer la Ley 348 de 2013, que establece un sistema integral de protección para víctimas de violencia. El Decreto Supremo 4399, emitido en noviembre de 2020, buscó reforzar la Ley 348 mediante la asignación de recursos a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la mejora de los mecanismos de prevención y atención a las víctimas. 

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que la implementación es insuficiente, especialmente en términos de presupuesto y recursos humanos para la Felcv, que sigue limitada en personal y equipos en varias regiones del país.

El Decreto Supremo 4493, de abril de 2021, creó la Comisión Especial Mixta para investigar la retardación en los casos de feminicidio, con el propósito de garantizar justicia y sancionar a funcionarios que obstaculicen los procesos. Sin embargo, no se ha publicado un informe sobre sus resultados, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.

Bolivia lidera la tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres en Sudamérica, según el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). A nivel latinoamericano, ocupa el tercer lugar en violencia feminicida, solo detrás de Honduras y El Salvador. Esta posición alimentó el debate sobre la efectividad de las políticas contra la violencia de género en el país.

Críticas a la Ley 348

La Ley 348, que establece un sistema integral de prevención y sanción contra la violencia hacia las mujeres, es objeto de críticas y cuestionamientos, en particular por grupos que consideran que la ley es discriminatoria hacia los hombres y vulnera la presunción de inocencia. Entre ellos, el dirigente Abraham Quisbert pidió públicamente su abrogación y también el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. 

La activista feminista María Galindo ha rechazado estos argumentos, señalando que la ley es esencial para combatir la violencia de género en el país.

A pesar de algunas acciones puntuales y la emisión de normativas, los avances del gobierno de Luis Arce en la lucha contra el feminicidio y la violencia de género son limitados. La reducción de los feminicidios no alcanzó una magnitud significativa, y las cifras de 2024 evidencian una tendencia preocupante de incremento. 

La Ley 348 sigue siendo una herramienta clave, pero su implementación requiere mejoras en recursos y apoyo estatal. La falta de transparencia en la Comisión Especial Mixta y la controversia sobre la efectividad de la ley subrayan la necesidad de una revisión integral de las políticas y esfuerzos para enfrentar la violencia de género en Bolivia.

Fuentes: 

Informe de la Fiscalía General del Estado