Por Salud con lupa con la colaboración de The Examination y Colombiacheck

“Llega por primera vez al Perú la mayor convención de Vape de Sudamérica”. El afiche violeta, viralizado por las redes sociales en octubre de 2019, prometía ser un suceso, y en algún sentido lo fue. Durante dos días, el Perú reunió a un centenar de fabricantes y distribuidores de vaporizadores o cigarrillos electrónicos de diversas partes del mundo —principalmente de los Estados Unidos— en la Costa Verde de Lima, al pie del Océano Pacífico. Variedad de dispositivos, sales de nicotina y líquidos de sabores frutales, mentolados y gourmet fueron la atracción de un evento lleno de trucos de humo.  

Más allá de si fue un éxito en ventas y asistentes, el Vape South America Expo Perú 2019 fue fundacional para la comunidad de vapeadores en el Perú, quienes hasta entonces no se habían agrupado en una organización. En varias oportunidades los dueños de tiendas y comerciantes independientes tuvieron la intención de asociarse, pero nunca llegaron a lograrlo. Fue el colombiano Francisco Ordoñez, un docente en ciencias sociales que suele presentarse como un activista en la reducción de daños del tabaquismo, quien les recomendó durante la convención que formaran una asociación de usuarios en lugar de una de comerciantes. Su consejo no fue desinteresado: Ordoñez había formado la Asociación de Vapeadores de Colombia (Asovape) en 2015 con el objetivo de extender las conexiones de la organización a otros países del continente. 

Aunque fue inscrita en registros públicos todavía en enero del 2020, Asovape Perú comenzó a existir desde aquel octubre de 2019. Sus primeros asociados eligieron a su junta directiva y sus voceros brindaron declaraciones a los medios, alineados siempre a un mismo discurso: el vapeo salva vidas, reduce el consumo de tabaco, mejora la salud pública, es 95% menos nocivo que los cigarrillos convencionales, y no produce consumidores pasivos.

¿Se trataba, simplemente, de un grupo de exfumadores que confiaba firmemente en cómo los cigarrillos electrónicos habían mejorado su salud y querían contárselo al mundo de buena fe, como quien comparte la solución de una enfermedad incurable? Todo indica que no. Una ruta que aclara el panorama es rastrear la red de organizaciones conectadas a Asovape, que parece llevarnos a un conjunto de cajas chinas donde se esconde dinero de la industria tabacalera. 

En trece países de América Latina y España se han abierto capítulos de Asovape, los cuales conforman la Asociación de Reducción de Daños del Tabaquismo (ARDT Iberoamérica), creada en febrero de 2020. Su finalidad: “representar a las asociaciones de consumidores de productos alternativos de administración de nicotina de bajo riesgo”. Dos de los integrantes de la junta directiva de ARDT Iberoamérica están relacionados con la Red Internacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina (INNCO, por sus siglas en inglés). El presidente de ARDT, el costarricense Jeffrey Zamora, ha trabajado como director de redes sociales de INNCO; y el colombiano Francisco Ordoñez, fundador de Asovape Colombia, ganó el premio al Mejor Defensor del Año otorgado por INNCO en 2021.

La Red Internacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina -INNCO- ha recibido fondos de la Fundación para un Mundo Libre de Humo (FSFW, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro en la que la tabacalera Philip Morris International desembolsó más de $400 millones en los últimos siete años. 

INNCO se constituyó como una organización sin fines de lucro en 2016 y dice ser una coalición de usuarios que está en desacuerdo con la posición del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco. Su carta de presentación consiste en “promover la reducción del daño del tabaco en el escenario mundial” y para ello aspira a que “se les reconozca como interesados legítimos que deben ser consultados en la formulación de cualquier política, ley o reglamento que afecte la modificación, disponibilidad, imposición o prohibición de formas de nicotina de bajo riesgo”. El problema está en que promueve varias de sus actividades con dinero que proviene de una fundación que hasta diciembre de 2022 ha tenido como único financiador a Philip Morris International, uno de los principales actores de la industria que ha invertido más de $10 mil millones en productos libres de humo como el tabaco calentado y los vapeadores en los últimos 16 años.

En otras palabras, el dinero de la industria tabacalera, sumamente criticada por su falta de transparencia y honestidad sobre los daños del cigarrillo desde el siglo pasado, está detrás de organizaciones que promueven el vapeo.

“Recibir una subvención de la Fundación para un Mundo Libre de Humo no es lo mismo que recibir financiación de la industria tabacalera. Philip Morris International no tiene ningún control sobre nosotros”, sostuvo INNCO a finales de 2020 en su defensa. La organización remarcó que su junta de gobierno y su asamblea general de miembros toman sus propias decisiones. Lo cierto es que la Fundación para un Mundo Libre de Humo, que dice en su web que apoya los esfuerzos globales para reducir las muertes y los daños a la salud causados por fumar, ha sido la principal inyección económica de INNCO. 

En 2018, la Fundación le desembolsó 100 mil 300 dólares, al año siguiente fueron 159.900, en 2021 creció a 453.555 y en 2022 les depositaron un total de 769.208 dólares. Las subvenciones obedecieron a sustentos similares: “fortalecer las organizaciones de consumidores de nicotina”, “ayudar a la institución en su trabajo como defensora de la reducción de tabaco”, así como “apoyarla para obtener consenso en las cumbres para el convenio marco sobre el control del tabaco”.

Así como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático nacieron para que los gobiernos acuerden políticas públicas para hacer frente a los impactos medioambientales, en 2005 entró en vigencia el primer tratado con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la epidemia mundial del cigarrillo: el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Cada cumbre, conocida como COP, agrupa a 182 Estados miembros y busca impulsar políticas para promover una cultura de prevención de riesgos y prácticas de vida saludable. INNCO se creó para tener voz en las COP y evitar medidas prohibicionistas sobre el vapeo. Sin embargo, en la práctica está muy lejos de ser invitado de honor: por ejemplo, para la COP10 —que se postergó para el verano de 2024— la secretaría técnica de la OMS ha recomendado que no participe. Se entiende: la OMS vigila que no interfieran grupos que tienen algún tipo de afiliación o nexo con la industria tabacalera. 

Como ha quedado documentado, los grandes fabricantes de cigarrillos mintieron durante décadas sobre los riesgos para la salud del tabaco y, en la década de 1990, los acuerdos legales en Estados Unidos proporcionaron una extensa prueba de su deshonestidad. Después de ello, los Estados miembros crearon el tratado marco para el control del tabaco comprometiéndose a proteger la política pública de la interferencia de las tabacaleras.

En octubre de 2023, la Fundación para un Mundo Libre de Humo anunció que había rescindido su acuerdo con Philip Morris International. “Cualquier escepticismo en torno a nuestra independencia puede disiparse”, dijo su director ejecutivo, Cliff Douglas. Sin embargo, un mes antes, en setiembre de 2023, la corporación tabacalera le otorgó a la FSFW un monto mayor: 122,5 millones de dólares. Los cálculos indican que, de acuerdo con el financiamiento actual, este presupuesto les permitirá sostenerse sin problemas hasta el 2029.

No parece correr aire limpio al escarbar en esa cadena de instituciones que intentan ensombrecer sus conexiones. A nivel local se encuentran los capítulos de Asovape, que se promocionan como asociaciones de consumidores activistas preocupados en que se conozca su panacea: los vapeadores. Pero hemos hallado que son comerciantes con intereses de por medio que en muchos casos no han podido consolidarse. Asovape Perú es el ejemplo más claro. “Llegó la pandemia y dejamos de lado la asociación. Cada quien siguió con lo suyo y no hemos continuado realmente. La asociación está allí, pero no hemos vuelto a tener reuniones”, explica Andrés Chauca, quien figura en la minuta como tesorero. En efecto, Chauca —un exvisitador médico— afirma que Asovape Perú no sesiona en una asamblea desde la pandemia. Es decir, hace cuatro años. La mayor parte de su existencia. 

Sin embargo, su presidente Jorge Ignacio Palma Vásquez se presenta en las entrevistas como el representante de un colectivo. A ello se abona que Palma, quien no accedió a darnos una entrevista ni tampoco a responder un cuestionario, es la única voz de los vapeadores en el Congreso de la República. Y basta navegar por la web de Asovape Perú para confirmar que este administrador, de 35 años, que no registra títulos académicos es la única cara visible de un directorio fantasma. 

“Lo escogimos porque era un consumidor, era la persona más neutral”, nos dice Faisal Hisham Abdallah Saoud Pichiling, un empresario peruano de ascendencia palestina, exdirector de tecnología de Asovape Perú, y quien se encargaba de seleccionar los estudios científicos para respaldar la defensa de los cigarrillos electrónicos. Faisal es dueño de por lo menos 16 locales de venta de vapeadores y una tienda virtual de cigarrillos electrónicos, pero no vapea. Mientras que Andrés Chauca tenía también un negocio cuando se fundó la asociación: Acha Vape Shop que funcionó hasta el 2021. Durante un tiempo produjo líquidos para vaporizadores.

Otro fundador, Halet Salazar James, exdirector de administración de Asovape Perú, tiene más de una década en el mercado con su empresa Ecig Perú EIRL que ha importado 3 millones 117 mil dólares desde el 2011. La dirección de su tienda de vapeo Mi cigarrito, ubicada en el distrito de Surco, en Lima, figura como dirección fiscal de Asovape. El caso de Agustín Heresi Huggad-Caine, exdirector de fiscalización de la asociación, es similar: su empresa Vape Mode Perú SAC registra 1 millón 819 mil dólares en importaciones de cigarrillos electrónicos desde el 2017. En resumen: la mayoría de miembros fundadores tenía conflictos de interés.

Chauca minimiza la situación y justifica el hecho de que Asovape Perú se promocione como una entidad de usuarios, cuando en realidad sus fundadores siempre han estado vinculados al negocio de los vapeadores. “Buscábamos la regulación para todos. Varios somos consumidores. Además para solventar todo, el dinero debía salir de algún sitio y no podíamos hacer que todos los consumidores nos dieran plata”, dice. Sebastián Tovar Ayllón, otro fundador de Asovape Perú, también minimiza el conflicto de interés. “Todos los negocios son pequeños. Las tiendas de vapeadores no son grandes empresas. Son locales de 20 metros cuadrados. No eran negocios millonarios”, remarca. Desde el 2017, su empresa Steamlab Peru SAC ha invertido 63 mil dólares. 

Ni siquiera Jorge Palma Vásquez continúa siendo solo un usuario. Nunca lo ha sido en realidad. Desde marzo de 2022 es gerente de Vape Nation SAC, una empresa que importa dispositivos de  vapeo desde el 2019 y cuyo capital en tres años de creación se incrementó de S/500 a S/84,500. Según Aduanas, sus inversiones superan los 300 mil dólares. En el pasado fue administrador de la tienda Mi cigarrito de Halet Salazar James y en sus redes sociales asegura ser administrador y parte del equipo de gestión comercial y ventas del periódico digital Vaping Today, un espacio que promueve las actividades de un grupo de organizaciones de provapeo. Palma omite estos datos en sus declaraciones a la prensa y en los pasillos del Congreso cada vez que da su postura a nombre de Asovape Perú en la discusión de proyectos de ley para regular el uso, importación y venta de vapeadores. 

Palma asegura en las entrevistas que en el Perú existen “200 mil usuarios que optaron por los vapeadores como alternativa para dejar el tabaquismo”. Pero nunca ha mencionado ningún estudio que lo respalde. Lamentablemente, varios medios de comunicación han hecho eco de sus palabras sin cuestionamientos de por medio, y han acabado dándole validez al reproducir sus comunicados de prensa en sus ediciones digitales.

La gran pregunta es con qué fondos Palma sostiene las actividades de Asovape Perú —desde visitas a convenciones en el extranjero hasta el diseño de su website— si la asociación no sesiona desde la pandemia y el aporte de sus miembros es inexistente desde entonces. Ninguno de los fundadores consultados en este reportaje dio una respuesta concreta. Ni siquiera Andrés Chauca, el tesorero. Todos dijeron que quien debe responder es Jorge Palma, el presidente. Pero la máxima autoridad de quienes promueven el vapeo en el Perú prefirió guardar silencio.

Interferir en la regulación de los vapeadores

“La prohibición no es una solución; es postergación de las responsabilidades. La regulación es necesaria”, señala Asovape Perú en sus redes sociales, en referencia a un proyecto de ley, presentado en noviembre de 2022, por la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, que prohíbe vapear en lugares públicos, como sucede con el tabaco. La iniciativa censura la venta de empaques de productos de tabaco y productos de nicotina que contengan menos de veinte unidades o recargas. Y prohíbe también incluir aditivos, saborizantes y aromatizantes, pues considera que son atractivos para los adolescentes y fomentan el uso del vapeador a edades tempranas. 

“Si le quitas el sabor matas el negocio”, dice Andrés Chauca. A través de reiterados mensajes, Jorge Palma asegura que Asovape Perú no está en contra de la regulación, pero en la práctica le ha puesto peros a las propuestas legislativas: ha enviado cartas a las comisiones del Congreso sobre seis de los nueve proyectos en debate. En dichos oficios, defiende la idea que se debe establecer una regulación diferenciada entre vaporizadores y cigarrillos convencionales. Para ello cita el estudio del Reino Unido que dice que vapear es 95% menos perjudicial que fumar, pero no aclara que fue financiado por empresas conectadas a tabacaleras, que varios de sus autores tenían conflictos de interés y que su metodología ha sido cuestionada por la revista científica The Lancet.

En ninguno de los seis casos, Jorge Palma fue convocado por los parlamentarios que formularon proyectos legislativos relacionados al vapeo, sino que siempre se ofreció una voz autorizada experta en el tema. Un dato que revela su amplio interés por influir en cualquier intento de reglamentación que afecte la industria de cigarrillos electrónicos en Perú.

Los vaporizadores se encuentran en una zona legal gris en nuestro país. Como demostramos en este especial, a diferencia del tabaco convencional, un menor de edad no tiene restricciones para poder comprar un vaporizador en las tiendas físicas y virtuales. Y la ausencia de normas facilita el ingreso de vapeadores sin tener la obligación de declarar el contenido de los líquidos y las sales de nicotina. 

Si bien todos los capítulos de Asovape en la región remarcan que los vaporizadores solo están compuestos de una mezcla de agua, glicerol, saborizantes y opcionalmente nicotina,  existe en realidad una variedad de dispositivos que complejiza el problema. Estudios científicos han advertido que los líquidos de estos productos se convierten en aerosoles (que es lo que la persona inhala) de sustancias químicas que pueden dañar la salud. Por ejemplo, el propilenglicol vegetal es usado como solvente y cuando se calienta genera aldehídos que pueden causar daños en el hígado o los riñones, la audición, la médula ósea, el desarrollo conductual, la motricidad, entre otros. Lo que una persona inhala está determinado también por la resistencia que usa el producto y el material del que está hecha (puede ser de titanio, de acero inoxidable, o de mezclas de níquel y cromo, o de níquel y hierro), así como la potencia con la que se propicie el calentamiento.

Asovape Colombia: la matriz de un modus operandi

No es posible entender la mano invisible de la industria tabacalera para sostener e impulsar la industria de los vaporizadores sin adentrarse en Asovape Colombia, la matriz del resto de asociaciones de consumidores de vaporizadores que se han extendido en Iberoamérica. Como sucede con varias de sus contrapartes, el poder se concentra en el presidente de su junta directiva y con el tiempo en su única cara visible: Francisco Javier Ordoñez Ospina, el principal promotor de la creación de los capítulos de Asovape en Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica y Perú. En 2021, la red INNCO le otorgó el premio a Mejor Defensor del Año.

Pero, ¿cómo este docente de Ciencias Sociales acabó convirtiéndose en una organización con nexos con la industria tabacalera? Hay que remitirse al 2015, al Libro de testimonios de usuarios de vaporizadores personales, elaborado por la asociación Anesvap de España, en el que Ordoñez cuenta detalladamente cómo “el vapeo transformó su vida después de estar 17 años atado al tabaco”. En un pasaje del texto anota que prohibir o sobrerregular el vapeo es “poner en riesgo la salud de los fumadores y sus familias” pues “perderán los avances logrados” y regresarán a los cigarrillos convencionales.

En ese mismo 2015, en el mes de mayo, Ordoñez formó Asovape Colombia con otros cuatro socios, aunque según registros públicos fue constituida formalmente como una entidad sin fines de lucro todavía en junio de 2017. Ordoñez era propietario por esos días de Kramber Vaping, una empresa dedicada a la venta de cigarrillos electrónicos que funcionó hasta el 2017. Se instalaba entonces un modus operandi que se replicaría en los años siguientes: comerciantes bajo el velo de consumidores intentando influir en las normativas regulatorias de los vapeadores y, de paso, beneficiándose de los financiamientos indirectos de la industria tabacalera.

Como ha establecido una investigación del portal The Examination, Ordoñez recibió una beca de la empresa británica Knowledge-Action-Change (KAC) con el propósito de construir una academia en línea para todos aquellos interesados en aprender sobre la reducción de los daños del tabaco y los productos de nicotina de “bajo riesgo”.

“Reducción de daños” es como la industria tabacalera, la Fundación para un Mundo Libre de Humo y otros grupos caracterizan los beneficios de los productos con nicotina como los vaporizadores o el tabaco calentado. La beca también cubrió que Ordóñez compilara estudios científicos traducidos al español para el sitio web ARDT Iberoamérica, según sus propias afirmaciones registradas en un video subido a Youtube.

En la página web de ARDT Iberoamérica se indica que el grupo está formado por "portavoces ciudadanos.” También se explica que tanto la academia en línea como su sitio web fueron financiados por Knowledge-Action-Change con fondos provenientes originalmente de la Fundación por un Mundo Libre de Humo.

El gran detalle es que ese financiamiento fue a parar a los bolsillos del propio Ordoñez, pues fue la empresa que tiene con su esposa, Gina María Lozano Reyes, la que brindó el servicio que finalmente consistió en diseñar las diferentes páginas web de los capítulos de Asovape. Basta navegar para darse cuenta que poseen los mismos patrones y que Kramber Designs S.A.S se encargó de este servicio. 

Knowledge-Action-Change recibió más de $6.4 millones de la Fundación para un Mundo Libre de Humo, financiada por Philip Morris International, en los últimos seis años. A Ordóñez le pagó a través de una beca por su trabajo en sitios web que promocionan productos de nicotina sin humo. KAC también ha recibido dinero de Nicoventures, una subsidiaria de British American Tobacco.

Francisco Ordoñez coadministra la revista portuguesa RED y la página Vaping Today, junto a Claudio Teixeira, quien ha sido coordinador del grupo provapeo THR Brasil. La publicación RED ha recibido dinero de KAC. 

En cuanto a la junta directiva de Asovape Colombia, sus integrantes también están vinculados con el comercio del vapeo. Sebastián Velásquez Posada, quien figura en la minuta como vicepresidente, es fundador y representante legal de Reevapers, negocio con tiendas físicas en el departamento de Antioquia. Desde su creación en 2019 hasta 2023 han importado un total de 142 mil 265 dólares.

Por su parte, la secretaria Estefania Jaramillo Ormaza, conocida influencer de vapeo, es representante legal de Dotmod S.A.S que hasta setiembre de 2023 había importado material por 9 mil 274 dólares. Dotmod pertenece a Ling Wang, un empresario chino con residencia en los Estados Unidos, al cual la FDA le sigue la pista: en febrero de 2023 lo incluyó en una carta de advertencia en la que expone que comercializa productos adulterados y mal etiquetados. 

Similar es el caso de quien figura como el vocal de Asovape Colombia, David Arturo Lozano Garzón: es directivo de las empresas Lifetech e Inversiones VIP Colombia S.A.S. 

El tesorero de la primera Asovape murió en mayo de 2019. Se llamaba Daniel Arturo Galvis Peña, tenía 25 años, y precisamente era cofundador de Vapor Kingdom. Perdió la vida en un accidente automovilístico, justo cuando viajaba de Bogotá hacia Medellín para un evento del rubro: Expo Vape Medellín 2019, convención que cinco meses después se replicaría en Lima, propiciando el nacimiento de Asovape Perú. 

Las becas son una fuente de financiamiento para estas organizaciones que en la práctica están siendo manejadas por una sola persona. En 2023, el brasileño Claudio Teixeira, editor en jefe de Vaping Today y socio de Ordoñez, ganó por tercera vez la beca de KAC, que ascendería a 75 mil dólares anuales. Un camino apetecible para el resto de presidentes de los capítulos de Asovape que funcionan como el adobe de la fachada de organizaciones que terminan conectándose con el dinero de la industria tabacalera.

Investigación:

Jason Martínez, Alicia Tovar, Renzo Gómez, Alexandra Shimabukuro y Fabiola Torres (Salud con lupa) / Ana María Saavedra, Sharon Mejia y Alexander Campos (ColombiaCheck) / Con la colaboración de María Pérez (The Examination - Estados Unidos).

Este reportaje ha sido desarrollado como parte de un proyecto periodístico liderado por Salud con lupa con el financiamiento de Vital Strategies en nombre de Bloomberg Philanthropies. Su contenido es de responsabilidad exclusiva de los autores y bajo ninguna circunstancia debe considerarse que refleja las posiciones de los donantes.